El gremio empresarial reclamó, por tanto, que se incluya al sector privado y a los consumidores en un proceso transparente de revaluación de los contratos de las llamadas Alianzas Público-Privadas, además de la revisión de tarifas de luz y agua.
El presidente de la AIPR, Eric Santiago Justiniano, abogó porque la nueva Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, al frente de la que se ha colocado a Francisco Berrios, y el Negociado de Energía investiguen el cumplimiento de LUMA Energy.
Además, reclamó que se den los pasos conducentes para que entre el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, y el sector privado se consigan rápidos consensos, se logre el mejor uso de fondos federales de Estados Unidos, al tiempo que se reduzcan “los costos de la factura de luz y los constantes apagones que estamos sufriendo a diario”.
“No podemos aceptar más excusas que toman 10 años para reconstruir la red, tampoco que LUMA goce de inmunidad por sus acciones u omisiones, ni que sean ellos los que dicten cuáles métricas se miden y cómo”, añadió la vicepresidenta de la Asociación, Yandia Pérez.
Destacó que en varias ocasiones “le hemos dicho al gobierno la importancia de unir esfuerzos con el sector privado y colaborar con transparencia; necesitamos respuesta del gobierno con urgencia y que, con el nombramiento de Berrios, a quien le toca coordinar entre agencias, podamos lograrlo”.
Berrios fue promovido del Departamento de Desarrollo Económico y Comercial a ocupar la nueva Secretaría Auxiliar de la Gobernación, ante la crisis desatada por LUMA Energy desde que hace poco más de un año inició su operación, tras otro año aprendiendo cómo funciona el sistema eléctrico en el país.
El gobernador Pierluisi trató con esa designación de aplacar los ánimos de la población que comenzó a protestar en la calle y que el jueves lo hizo ante La Fortaleza, sede del ejecutivo, con un saldo de tres manifestantes apresados y periodistas agredidos por la policía.
La Asociación de Industriales opinó que, un sistema eléctrico con generación esencial confiable y económicamente eficiente a nivel de su distribución es posible y necesario para el 2025, tras el consorcio privatizador haber realizado siete aumentos en las tarifas.
“Esperamos que Berrios active la capacidad de los planes locales de programas con fondos federales establecidos por la Ley 17, hasta ahora incumplidos, de eficiencia y energía distribuida, en el interés del consumidor para bajar costos y aumentar resiliencia en hogares y negocios”, reafirmó el presidente de la AIPR.
Santiago mencionó que la AIPR hizo, en abril de 2021, un reclamo ante la Comisión de Asuntos de Energía de la Cámara de Representantes para que haya participación ciudadana, métricas y calendario de ejecución por LUMA Energy en la transición a una privatización transparente.
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