La propuesta para fortalecer las fuerzas de seguridad pública y del Ejército, tuvo como principal escenario el Congreso y su junta directiva, empeñada en sacar adelante el polémico texto a pesar de las críticas de bancadas de oposición y de organizaciones sociales, lideradas por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán.
Ellos fueron los primeros en emitir dos comunicados de rechazo y después plantar cara al Legislativo, al que exigieron una respuesta definitiva a su petición de engavetar la 6076 ante el avance de una primera lectura en el pleno.
El pasado martes, tras siete horas de discusiones sobre los términos del documento que avalaría en principio no volver a agendar el proyecto de normativa, los representantes de pueblos indígenas regresaron a su lugar de origen no sin antes divulgar públicamente el acuerdo.
Según los defensores de la 6076, esta no veda el derecho a manifestar; sin embargo, despierta grandes temores en un momento de persecución contra periodistas, medios de comunicación, defensores de la tierra y hasta jueces, de ahí la presión popular para archivarla.
Esta semana no apareció en la agenda de las dos sesiones del pleno, pero una vez más la junta directiva incumplió con su palabra y logró con astucia la aprobación de la agenda anterior.
De esa vía, pasó su segunda lectura gracias a la aplanadora oficialista y ahora está listo para el siguiente trámite sin discusión.
La batalla final se ganará cuando los diputados den su visto bueno al entierro definitivo del controvertido texto, considerado anticonstitucional, y no a su aprobación con enmiendas como todo indica.
Otra normativa, la Ley contra Ciberdelitos, aprobada recientemente por mayoría, también generó tensiones entre las distintas bancadas y críticas de diversos sectores, que la consideran una mordaza a la libertad de expresión.
En principio, lograron darle marcha atrás el pasado miércoles, en otro pulseo histórico en el Hemiciclo.
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