El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados afirmó en un comunicado que archivar el expediente otorga luz verde a los colonos para ejecutar crímenes contra civiles indefensos.
También prueba, una vez más, que ela justicia en ese país es parte integral del propio sistema de ocupación, denunció.
Al respecto, recordó la “farsa de las supuestas investigaciones” sobre el asesinato de la periodista Shireen Abu Aqleh por un disparo de un soldado mientras cubría una redada castrense en la ciudad de Jenin, norte de la Ribera Occidental.
La cancillería afirmó que la “potencia ocupante tiene plena y directa responsabilidad por la serie continua de ejecuciones contra ciudadanos palestinos”.
Testigos palestinos denunciaron que Ali Hassan Harb, un ingeniero de 27 años, fue apuñalado en el pecho por el colono en las afueras de la localidad cisjordana de Iskaka.
Pese a la abundancia de pruebas que refuerzan la sospecha de homicidio premeditado, la fiscalía cerró el caso, criticó esta semana la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.
La ONG denunció que durante la pesquisa ocurrieron “intimidaciones y amenazas contra los familiares de Ali Harb y otros testigos”.
De 2005 y 2021, solo el siete por ciento de las investigaciones sobre la violencia extremista de los colonos terminaron en acusaciones, destacó el grupo.
“El sistema de aplicación de la ley israelí continúa brindando inmunidad ante la justicia a los criminales que dañan a los palestinos, incluso cuando le quitan la vida a una persona”, alertó.
Según datos del servicio de seguridad interior (Shin Bet), la cifra de ataque de colonos contra palestinos aumentó en un 50 por ciento en 2021 con respecto al año anterior.
El Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem) afirmó recientemente que el gobierno de Tel Aviv utiliza la violencia de los colonos para apoderarse de más tierras palestinas, a cuyos habitantes prohíbe protestar por el expolio.
Ellos ejecutan una variedad de actos que incluyen agresiones físicas, lanzamiento de piedras, amenazas y hostigamiento, daños a árboles y cultivos, vandalismo de automóviles, bloqueo de carreteras e incluso disparos de munición real, destacó.
Las autoridades israelíes, incluidas las fuerzas de seguridad y el sistema de aplicación de la ley, son plenamente conscientes de esta realidad, pero permiten y respaldan esa violencia y luego disfrutan del resultado, apuntó B’Tselem.
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