Convertida en eje de su gobierno por el presidente Nayib Bukele, la iniciativa amparada en un plan de seguridad arropada por un estado de excepción, recibe a diario más apoyo que críticas, según revelan medios políticos y de prensa.
Recientemente, el diario digital Contra Punto indicó que El Salvador debe abonar en la «Guerra Contra Pandillas».
Si bien, agregó, al ejecutivo y al legislativo les corresponde afinar y ejecutar la acción, el judicial debe acusar culpables, y defender inocentes, respetando derechos humanos, una de las principales críticas que recibe esta política.
Señaló la publicación que desde un inicio del período de gobierno de Bukele – tal y como lo divulgó durante la campaña electoral- emprendió un muy difícil camino: vencer a las maras y pandillas, algo que pese a la incredulidad algunos expertos aseguran ya casi logra.
Estos grupos delictivos que florecieron en el país y que llegaron a recibir ganancias superiores a los 700 millones de dólares al año tienen origen en el fenómeno migratorio que El Salvador vivió durante la guerra civil (1980-1992).
Plantea un editorial de Contra Punto que las causas que les precedieron fueron, desde luego, sociales, políticas, culturales entre otras, donde tuvieron relevancia la pobreza y la marginalidad.
Si hay algo que tienen que agradecer los salvadoreños a Estados Unidos -señaló el periódico de forma irónica- es la exportación de un fenómeno surgido en las calles de Los Angeles, California.
Procedente del norte llegaron a empollar semejante engendro que no fueron atendidos debidamente por los gobiernos y ni la sociedad, desde finales de la Guerra Civil, agregó. La publicación afirmó que el auge de las pandillas creció como espuma por todo el país, a tal grado que el fenómeno llega a ser, en nuestros tiempos, un hecho que ya no es consecuencia inusual en el crimen organizado (sin apartarse en de sus lugares de origen ni de sus costumbre).
Al término de la primera década del siglo XXI, comenzaron a divulgarse sus nexos con el sistema político y de gobierno.
Calculados en unos 80 mil miembros activos de las estructuras delictivas, el gobierno de Bukele en un poco más de cinco meses arrestó a más de 51 mil, entre jefes, miembros y colaboradores. Más de 45 mil de los detenidos ya recibieron órdenes de prisión preventiva, al tener indicios con maras y pandillas.
Pero los comentarios en diferentes medios no dejan dudas, el país respira en un clima de tranquilidad. Los homicidios y demás crímenes se redujeron a niveles nunca antes vistos, con varios días consecutivos de cero homicidios.
Hasta el momento no hay indicios que la lucha contra la criminalidad vaya a detenerse ni a retroceder en el importante intento de vencer a ese fenómeno de las maras, pese al reclamo de sectores afectados, en especial los de menores ingreso donde siempre se encuentra el lado más débil de la cadena.
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