El alto funcionario aseguró que su cartera trabaja en estrecha colaboración en el combate a las pandillas con el gobierno y pese a críticas hay una pesquisa sostenida respecto a las muertes de las que informan familiares en algunos centros penales.
Ante las críticas contra la extensión del decreto que suspende cuatro derechos constitucionales, el titular de la fiscalía dijo que la restricción de esas garantías se aplica de forma mesurada, basándose en la información recopilada por la Policía Nacional Civil.
Sostuvo que los resultados logrados en el marco de régimen de excepción se ven reflejados con los 45 mil 849 pandilleros y colaboradores que luego de la primera audiencia del proceso penal quedaron en detención en diversos centros penales.
Apuntó que los implicados enfrentan cargos de agrupaciones ilícitas que el pasado 30 de marzo fue reformado y que castiga con prisión de 20 años a los colaboradores, 30 a los miembros activos y hasta 45 años a los cabecillas.
Subrayó el titular del ministerio público que «todas las herramientas legales que nos dio la Asamblea Legislativa han contribuido para que la Fiscalía pueda cumplir con su rol de defender los intereses de la sociedad y del Estado».
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