Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que se trata de un documento sin validez porque es una muestra de desinformación y sirve a los intereses de Estados Unidos y sus aliados occidentales de contener al gigante asiático.
Según indicó, el documento infringió las responsabilidades y principios de objetividad de la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Mencionó las visitas de diplomáticos de muchos países, incluido musulmanes, a la región autónoma uigur de Xinjiang y las cartas enviadas a Bachelet por más 60 países que se oponen al reporte.
Asimismo, Wang recalcó que los residentes en dicho territorio disfrutan de una vida feliz, estable y con beneficios del desarrollo económico allí, tras augurar el fracaso de cualquier maniobra destinada a usar el tema para desacreditar a China.
Aparte del vocero de la Cancillería, la misión de Beijing en Ginebra, Suiza, también se pronunció en contra del informe presentado este miércoles poco antes de la salida de Bachelet del cargo.
El texto pidió “atención urgente” a la “detención discriminatoria” y las “serias violaciones a los derechos humanos y patrones de tortura en años recientes” a uigures y otros musulmanes de Xinjiang en 2017-2019 y en el contexto de la campaña antiterrorista de Beijing.
Convocó a China a liberar a los presos, esclarecer el destino de los reportados como desaparecidos por los familiares y también despejar las preocupaciones sobre la definición de los delitos vinculados al terrorismo, extremismo y amenazas a la seguridad pública.
Ese reporte tiene 48 páginas y se confeccionó basado en entrevistas con individuos que aseguran estuvieron en centros de detención o son parientes de habitantes de Xinjiang.
Bachelet cumplimentó una visita oficial al gigante asiático en mayo pasado y recorrió la región autónoma uigur, ubicada en el noroeste y frecuentemente usada por Occidente para lanzar acusaciones contra China sobre el presunto maltrato a las minorías étnicas y existencia de campos de reeducación.
Beijing siempre rechazó esos señalamientos y aseguró que las políticas aplicadas en Xinjiang buscan combatir el terrorismo y la radicalización, pero también ayudar al desarrollo socioeconómico de su población.
mem/ymr
