Bolsonaro cometió dos actos ilegales. Primeramente, una grave violación de los derechos humanos, al incitar de forma pública tal infracción contra amplios sectores de la población brasileña que son discriminados, indicó parte del veredicto de la corte escuchado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo (USP).
Señaló como segundo hecho un crimen contra la humanidad, al optar el exmilitar «por una política de salud contraria al aislamiento, prevención del contagio y la vacunación, que llevó dolosamente a la muerte de decenas de miles de personas».
Para el juzgado, el mandatario de tendencia ultraderechista es culpable de decesos de al menos 100 mil brasileños como consecuencia del patógeno. En el documento, los jueces indicaron que «no hay duda» de que miles de vidas fueron segadas por determinaciones del Gobierno.
Quedó demostrado que, en la pandemia, el presidente defendió el uso de medicamentos ineficaces contra la Covid-19, como la hidroxicloroquina. Además, criticó el aislamiento social y las medidas adoptadas por gobernadores y alcaldes para evitar la propagación del virus.
La profesora y abogada Eloisa Machado afirmó que el sentimiento con el fallo del tribunal es de alivio. «Pero también de mucha voluntad de continuar llevando esos procesos, no solo ahora reconocidos por instancia de opinión, sino también de todas las formales del sistema de justicia brasileño e internacional, que actuaron de manera cautelosa», evaluó.
El periodista Jamil Chade, columnista del portal UOL, reconoció que el órgano internacional, creado en la década de 1970, no tiene el peso del Tribunal Penal Internacional, en La Haya, Holanda, ni la capacidad para tomar acciones contra un Estado o jefe de Gobierno.
Pero, precisó, «la condena es considerada por grupos de la sociedad civil, exministros y juristas como importante para poner presión sobre el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y exponer a Bolsonaro en el mundo».
El juicio se celebró el 24 y 25 de mayo simultáneamente en Roma (Italia), donde se encuentra la sede de la entidad, y en la Facultad de Derecho de la USP.
La denuncia fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por los Derechos.
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