En la tercera visita a esta nación desde el reinicio de las negociaciones en junio pasado, Hochstein presentó los resultados de su gira por Tel Aviv al presidente libanés, Michel Aoun; el primer ministro designado, Najib Miqati y al titular del Parlamento, Nabih Berri.
Precisamente, el líder del órgano legislativo destacó la necesidad de regresar a Naqoura, límite en la frontera sur con Israel, para las negociaciones indirectas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la mediación de los Estados Unidos, de conformidad con el acuerdo marco hasta que se alcancen los resultados deseados.
Antes de abandonar Beirut y desde el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri, Hochstein calificó de buenas las conversaciones con los funcionarios libaneses y mostró optimismo de cara a una solución que permitirá reactivar la economía de Líbano y la estabilidad en la región.
El mediador estadounidense reiteró el compromiso de su administración para resolver las brechas restantes en el propósito de alcanzar una acuerdo en beneficio del pueblo libanés.
La presencia a inicios de junio de la plataforma Energean Power al servicio de Israel en la frontera sur de Líbano con Palestina ocupada avivó la disputa marítima con Tel Aviv.
En este contexto, el secretario general de Hizbulah, Hassan Nasrallah, reiteró las capacidades financieras, militares y de seguridad de la resistencia para evitar la exploración de las riquezas de Líbano por parte de Israel.
Para la mayoría de los libaneses, la posibilidad de invertir y extraer gas y petróleo de sus fronteras constituye un aspecto medular para salvar al país de la crisis económica y financiera.
Según reportes locales, entre el Líbano e Israel existe una zona rica en petróleo y gas en disputa de unos 860 kilómetros cuadrados, según mapas depositados por ambos países ante las Naciones Unidas.
Desde el pasado 29 de junio, los libaneses esperan la integración de un gobierno, tras la reelección de Najib Miqati como primer ministro, y ante el período corto de gestión, pues este mes comenzó el plazo constitucional para el nombramiento del presidente, lo que demandará después del 31 de octubre un nuevo gabinete.
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