La situación política, económica, social y ambiental del país se ha deteriorado claramente y el gobierno de facto no ha dado respuestas concretas a las diversas demandas legítimas del pueblo, denunciaron los parlamentarios.
Señalaron que la situación despierta el descontento de la población con varios movimientos de protestas en las últimas semanas para exigir seguridad en todo el territorio, desbloqueo de las carreteras nacionales para la libre circulación de personas y mercancías, disminución del costo de vida a través de una reducción sustancial y rápida de los precios necesidades básicas.
Asimismo, los legisladores recordaron que los manifestantes reclaman la caída del tipo de cambio y la disponibilidad del dólar, así como el establecimiento de una administración más sana y una gestión más eficiente de los recursos del tesoro.
La nota apunta, igualmente, la urgencia de que las autoridades, actores políticos y sociedad civil encuentren un acuerdo para conformar un poder de transición capaz de realizar elecciones y de retornar a la normalidad institucional.
La situación de Haití se agravó desde 2021 con una fuerte crisis económica tras cuatro años de recesión, mientras la inflación fue del 30,5 por ciento en julio y los alimentos aumentaron más de un 30 por ciento con respecto a 2021.
Además, las acciones de los grupos armados y sus enfrentamientos obligaron el desplazamiento de más de 20 mil personas desde abril que sobreviven en precarios refugios, y en junio se cumplió el primer año de que la salida sur de la capital se encuentre bajo control de las bandas, limitando el comercio nacional.
A esto se suma que desde 2020 Haití no cuenta con Parlamento funcional, al vencerse los mandatos de todos los diputados y de dos tercios de los senadores, mientras el Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país, perdió a su presidente por Covid-19 y en 2021 asesinaron al controvertido mandatario Jovenel Moïse.
lam/ane
