Más capítulos en la saga Donald Trump y las reliquias de Mar-a-Lago
El DOJ sugirió a Barbara Jones, exjueza de la corte de distrito de Nueva York, y a Thomas Griffith, quien fue magistrado del tribunal de apelaciones en Washington.
En tanto, el equipo del exmandatario (2017-2021) propuso a Raymond Dearie, exjuez de Nueva York, y a Paul Huck, con experiencia tras ser asesor legal del gobernador de Florida y fiscal general adjunto del estado.
Según un reporte del diario The Hill, las partes no estuvieron de acuerdo sobre cómo debería funcionar el maestro especial en el caso.
Los abogados del magnate quieren que el supervisor externo revise todos los materiales hallados en la residencia de Palm Beach, Florida, y evalúe posibles reclamos de privilegios ejecutivos.
Mientras, el Departamento de Justicia considera errado que el perito examine los documentos con marcas clasificadas.
Tampoco hubo consenso en cuanto al pago de ese experto, pues los representantes de Trump pretenden dividir el costo entre las dos partes, en tanto el DOJ dijo que el expresidente debería asumirlo, pues fue él quien lo solicitó.
El Buró Federal de Investigaciones intervino en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto bajo sospechas de que el exmandatario violó la Ley de Espionaje y cometió otros delitos como obstrucción de la justicia y manejo criminal de registros gubernamentales.
Trump acusó al DOJ de lanzar una caza de brujas partidista contra él y presentó una moción para nombrar un supervisor independiente que revisara los materiales.
El pasado lunes, la jueza de distrito Aileen Cannon autorizó la solicitud del exmandatario, decisión considerada una victoria para Trump y que recibió críticas de quienes la vieron como una obstaculización sin precedentes de una importante investigación criminal.
Cuatro días después, el DOJ notificó su intención de apelar y pidió levantar el fallo que les bloquea el acceso a los documentos incautados, entre los cuales afirma hay más de un centenar de archivos clasificados y algunos etiquetados “de alto secreto”.
“Sin una suspensión, el Gobierno y el público también sufrirán un daño irreparable por el retraso indebido de la indagación” y “cualquier demora plantea preocupaciones significativas”, señaló el Departamento de Justicia.
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