La petición tiene como propósito asegurar que no se afecten o eliminen servicios directos esenciales que los ayuntamientos proveen a los ciudadanos, ante los desafíos fiscales, a pesar de la reducción presupuestaria de hasta un 73 por ciento desde 2017.
“Es por esto que he solicitado que se le permita al gobierno central, a través de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), brindar asistencia técnica a los municipios, de manera que les ayude a lograr eficiencias administrativas”, indicó el gobernador Pierluisi.
La Aafaf, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), trabajaría para ayudar a los ayuntamientos a proponer enmiendas al Fondo de Consolidación de Servicios Municipales y desarrollaría un plan para implementar eficiencias a ese nivel.
A tales fines, el gobierno de Pierluisi solicitó que se le otorgue a la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la OGP, acceso a los 66 millones de dólares disponibles, lo que permitiría que se distribuyan para incentivar la creación de consorcios entre municipios para prestación de servicios.
El secretario de Estado y director de la Aafaf, Omar J. Marrero, sostuvo que “la Junta Fiscal sostiene conversaciones con los alcaldes y alcaldesas, que avanzan de manera positiva”.
“Tenemos grandes retos por delante, no obstante estamos confiados en que las enmiendas solicitadas serán más efectivas para fortalecer la situación fiscal y capacidad administrativa de los municipios”, dijo Marrero, esperanzado en garantizar los servicios a los ciudadanos.
El director de la Aafaf explicó que luego de la reciente reestructuración parcial de la quiebra fiscal de Puerto Rico, la situación fiscal del gobierno central es diferente, motivo por el cual tiene la capacidad de apoyar a los municipios para asegurar los servicios esenciales.
El gobernador Pierluisi también propuso crear el nuevo Fondo Municipal para Servicios Esenciales, que provendría del 25 por ciento del exceso anual del superávit del Gobierno de Puerto Rico, con un tope de 150 millones de dólares, que representa el uno por ciento de los ingresos.
El primer ejecutivo además propuso que los pagos que actualmente realizan los municipios a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), estimados en 164 millones de dólares anuales, sean costeados por el gobierno central.
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