Tal audiencia tendrá luz verde en el pleno virtual de la corte hasta el 20 septiembre.
Los jueces del STF pueden mantener la medida cautelar, derribar o interrumpir la votación con una solicitud de vista (más tiempo para el análisis) o destacado (que lleva el caso a la sesión plenaria física).
El debate estaba en curso en la Corte Suprema desde el primer semestre de 2021, también en plenario virtual.
Fachin suspendió el 5 de septiembre tramos de decretos sobre armas del Gobierno federal en tres decisiones por el inicio de la campaña electoral (16 de agosto) y el riesgo de ocurrencia de violencia política.
La cuestión era tema de un juicio en el plenario virtual del STF, pero estaba parado tras pedidos de vista seguidos.
El ministro es el ponente de tres acciones que cuestionan los decretos de Bolsonaro, dos de ellas presentadas por el Partido Socialista Brasileño y otra por el de los Trabajadores.
Con las tres órdenes judiciales, Fachin determinó que la posesión de artilugios de fuego solo debe ser autorizada para quien demuestre efectiva necesidad por razones personales o profesionales.
Sobre la cantidad de municiones, definió que será posible adquirir, de forma proporcional, lo que sea necesario para garantizar la seguridad del ciudadano.
Bolsonaro tiene editado más de 40 decretos desde 2019 y los brasileños compran mil 300 aparatos de guerra por día.
El Ejército suspendió la autorización de la compra de armas de uso restringido, como el fusil, a cazadores, tiradores y coleccionistas (CACs). La determinación fue adoptada después de la medida cautelar de Fachin.
Con registro concedido por el Ejército, el número de tiendas de armas en Brasil aumentó 143 por ciento de 2018 a 2021, según datos de ese cuerpo militar.
La cantidad de nuevos permisos de establecimientos pasó de 237 a 577. En el mismo período, la cifra de personas físicas con (CACs) saltó de 117 mil 467 a 515 mil 253, un crecimiento del 338 por ciento.
Para el profesor e investigador del Núcleo de Estudios sobre Violencia y Seguridad, Welliton Caixeta, el gobierno de Bolsonaro adoptó una política deliberada de flexibilización del acceso a las armas de fuego y municiones por la población.
«Es el Estado lavándose las manos. (…) Diversas investigaciones nacionales e internacionales señalan que más armas en circulación no implican mayor seguridad», alertó.
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