De esta forma, el Inddhh incluyó al Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos (Cddhhu), que niega la ocurrencia del terrorismo de Estado durante la dictadura en el país (1973-1985) y califica como presos políticos a los responsables de crímenes.
El abogado Wilder Tyler fue el único miembro del directorio que se opuso y argumentó que dirigentes del Cddhhu «profesan una lectura negacionista del terrorismo de Estado que asoló nuestro país».
Además, «promueven el concepto de presos políticos para quienes son acusados (e incluso condenados) por cometer crímenes de lesa humanidad».
«El libre derecho a defender criminales de lesa humanidad no los habilita a integrar la Inddhh», subrayó.
La dictadura en Uruguay aplicó la violación a la libertad de expresión y de asociación, la censura política, la persecución y vigilancia permanente, el exilio por la fuerza de miles de personas, la desaparición forzada, el encarcelamiento sin juicio y la tortura física y psicológica.
En agosto pasado, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad imputó a cuatro militares retirados por delitos como homicidio, desaparición forzada, privación de libertad, lesiones graves y rapiña.
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