El núcleo del caso es la alegación de que los indocumentados fueron tratados por “personas misteriosas” que se ganaron su confianza e inducidos a subir a los vuelos mediante falsas promesas de puestos de trabajo y asistencia.
De igual forma, la presentación legal señala las peticiones a varias docenas de migrantes de firmar un documento, sin que estuviera totalmente traducido al español, para recibir una tarjeta regalo de 10 dólares de la franquicia de restaurantes McDonald’s.
Los demandantes también afirman que recibieron folletos con el título “Beneficios para los refugiados de Massachusetts” y que prometían una amplia ayuda en materia de alojamiento, ropa y transporte para las entrevistas de trabajo, según el texto citado en el diario The Hill. La demanda colectiva, presentada el pasado martes en un tribunal federal de Massachusetts, además de a DeSantis apunta al secretario de Transporte, Jared Perdue, y al estado de Florida.
El procedimiento judicial corre a cargo de una organización de derechos de migrantes llamada Alianza Américas y tres venezolanos que representan a todo el grupo, y esboza 12 causas de acción diferentes, con presuntas violaciones de las Cuarta y la Decimocuarta Enmiendas, y la imposición intencionada de angustia emocional.
“Nuestra demanda alega una serie de violaciones tanto de la Constitución de Estados Unidos como de las leyes federales. Un gobernador no puede inducir fraudulentamente a personas vulnerables a subir a un avión y cruzar las fronteras estatales”, dijo a The Hill uno de los abogados que representa a los inmigrantes, Oren Sellstrom.
Mientras, el equipo de DeSantis replica que los indocumentados subieron a los vuelos voluntariamente, una afirmación que, de ser demostrada, negaría la mayoría, si no todas, las reclamaciones del texto legal.
De igual forma, la oficina del gobernador también proporcionó a reporteros una copia de los formularios de consentimiento, que enumeran al estado de Massachusetts como el destino final y los cuales supuestamente fueron los firmados por los migrantes.
Además de la demanda civil, políticos demócratas pidieron al Departamento de Justicia investigar al gobernador de Florida, cuando DeSantis es un posible aspirante a la presidencia en 2024.
El pasado 14 de septiembre DeSantis envió dos aviones con unos 50 venezolanos, entre ellos niños, para reubicar en Martha’s Vineyard, lo cual generó protestas en la izquierda y entre los defensores de la inmigración.
Los gobernadores de Florida, Texas (Greg Abbott), y Arizona (Doug Ducey), transportaron casi 13 mil personas al norte del país, como parte de un programa republicano para llevar a los indocumentados a las llamadas “ciudades santuarios”, estados que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
acl/cgc
