En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el alto funcionario subrayó que el estado de excepción “puede durar mucho, puede prorrogarse, ya van seis meses. Hay que apresar a 70 mil pandilleros o integrantes de las maras, puntualizó, cuando hasta ahora el número de arresto es de 53 mil, por lo que aun el trabajo no concluyó».
Explicó Ulloa que en este estado de excepción solo se suspenden cuatro derechos. Un estado de excepción puede suspender muchas garantías, la libertad de expresión, la libertad de movilidad, la inviolabilidad de domicilio. Todo lo que son garantías constitucionales, que no es el caso.
Más adelante se refirió a los grupos que se dicen defensores de los derechos humanos, a los que calificó de “vividores” de los derechos humanos.
“Ellos son parásitos que están viviendo del dolor y de la sangre de muchas víctimas, tienen sus oficinas en Nueva York, en Washington, en Londres, en las grandes ciudades, y desde allá están condenando violaciones de los derechos humanos de lugares donde nunca han puesto un pie, que no lo conocen”, dijo.
Simplemente, subrayó, están hablando de lo que leen y le dicen los medios que generalmente son de la oposición y están reportando.
“Yo he retado a los grupos defensores de los derechos humanos, porque yo sí fui defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar, me tocó sacar presos políticos de las cárceles, me tocó defender sindicalistas detenidos, arriesgándonos y jugándonos la vida en la defensa de los derechos humanos de esas personas”, apuntó.
Remarcó que esa era una época de un gobierno que tenía como política de estado la violación de los derechos humanos. Aquí, señaló, como yo les he dicho a ellos, díganme cuál es la política de estado de violación de los derechos humanos.
No dudamos que haya errores, indicó, que se cometieron arbitrariedades que se pueden seguir cometiendo, pero agradecemos que nos la señalen para corregirlas.
Muchas de las personas que fueron detenidas de forma injusta o de manera ilegal, son puestas en libertad, ya salieron libres -afirmó- más de 800 personas que probaron que no tenían nada que ver con las pandillas. Estaban en el lugar y en el momento equivocado, aseveró.
Explicó que mediante la actual política se extendió la fecha de detención de los reos hasta 15 días para permitir a la policía y a la fiscalía buscar las pruebas y hacer las diligencias para presentar los casos a la justicia.
Antes el tiempo de arresto era de tres días y si no se presentaban pruebas suficientes el juez enviada de vuelta a las calles a los pandilleros.
En un estado de no excepción yo tengo derecho a tener un abogado si me detienen, ahora, hasta los 15 días usted, no puede tener derecho a nada, aclaró Ulloa.
Ya después que se pase a ser juzgado el detenido puede nombrar un abogado y así salieron cientos de personas que los abogados lograron demostrar su inocencia con una carta de trabajo, con su arraigo, con sus notas de que las personas lo conocen, es decir que han salido de las cárceles, explicó.
Anterior a las declaraciones de Ulloa, el presidente Nayib Bukele, dijo en Estados Unidos que su administración no cederá ante la presión de cualquier organismo internacional que abogue por derechos humanos de los pandilleros detenidos.
jha/lb
