Para esa agrupación de países desarrollados la apuesta debe ser abandonar esa política por insostenible desde el punto de vista presupuestario e injusta socialmente, y en su lugar privilegiar las ayudas a los grupos de rentas más bajas.
La OCDE criticó las medidas de control de precios o los topes por debajo del valor de mercado, porque aunque son relativamente fáciles de aplicar al final benefician a los que más energía consumen, que suelen ser los que tienen más recursos.
Los autores de la propuesta admitieron que las medidas para limitar el alza de la energía pueden temporalmente contener las presiones inflacionistas, pero advirtieron que no permiten un ajuste de la demanda a las restricciones de la oferta, lo cual puede agravar los problemas de escasez y traducirse en inflación futura.
Además, perturban el mensaje que dan unos precios elevados a los consumidores de que hay que ahorrar energía y abandonar los combustibles fósiles, y además afectan seriamente la cadena de aprovisionamiento energético, al desalentar las inversiones en nuevas infraestructuras y generar problemas en el abastecimiento.
De acuerdo con datos compilados por la OCDE, en 89 países el costo fiscal de los dispositivos para contener la crisis energética entre octubre de 2021 y diciembre de 2022 se calcula en 246 mil millones de dólares, de los cuales 169 mil millones fueron directamente a subvenciones para los combustibles fósiles.
Para mostrar la magnitud de esa cifra, esa organización comparó el dinero público adicional destinado en 15 meses para subvencionar esos carburantes, causantes de efecto invernadero, con los 201 mil millones de dólares que recibieron en todo 2019 o con los 182 mil millones de 2020.
En lugar de eso, la OCDE propuso a los gobiernos dar ayudas de forma selectiva a los grupos más vulnerables y que, en paralelo, se desarrollen modos de transporte y fuentes de energía alternativos.
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