El proyecto de legislación otorgaría prisión domiciliaria a represores mayores de 65 años.
Desde Ginebra trascendió aquí que el organismo mundial advirtió que, de promulgarse, «buena parte, si no todos» los acusados por actos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad «quedarían en una situación de casi total impunidad».
El señalamiento, reiterado, forma parte de las recomendaciones y observaciones que el Comité de Desapariciones Forzadas hizo hoy a Uruguay.
La iniciativa de ley fue presentada ante el parlamento por la agrupación política Cabildo Abierto, que algunos vinculan con las fuerzas armadas, y es negociada por los senadores de la coalición de gobierno.
En noviembre último el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU suscribió en carta a la Cancillería que esa normativa sería “contraria al derecho internacional” y a convenciones de las cuales Uruguay forma parte.
Beneficiaría además, dijo entonces el Comité, a responsables de delitos de lesa humanidad.
El relator de ONU, Juan José López, instó a investigar la responsabilidad de los implicados y garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de tales crímenes durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
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