Entre las actuaciones más criticadas sobresale el proyecto que modifica la Ley de Descentralización para que representantes de corregimiento, alcaldes y sus suplentes puedan optar por el mejor salario entre el que recibían como funcionarios antes de ser elegidos y el que recibirían como autoridad de elección popular.
Para el precandidato presidencial por libre postulación, Eduardo Quirós, los diputados actúan de espaldas al país al aprobar una ley que les autoriza a cobrar un salario, que no se trabaja.
De acuerdo con Quirós, ahora los representantes y alcaldes podrían recibir sueldos de otra institución pública, si es mayor al del cargo para el que fue electo, lo cual es abiertamente inconstitucional e irrespeta una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.
Sostuvo que con la aprobación de estos privilegios, «la Asamblea se burla de miles de panameños y panameñas», que diariamente buscan un empleo para satisfacer sus necesidades básicas.
Además, indicó, las iniciativa legislativa atenta contra las instituciones públicas en las que laboraban, porque no podrán nombrar un reemplazo para brindar sus servicios.
El proyecto de Ley 890, dijo, intenta mantener, adicional al salario de la otra institución, el cobro de viáticos, gastos de representación y otros pagos, aclaró Quirós; y aseveró que un presidente de la República que se respete deberá vetarlo.
También el diputado independiente Gabriel Silva cuestionó la iniciativa por inconstitucional y además defendida e impuesta por los representantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático, que es mayoría en el Parlamento.
Silva recordó que la Constitución dice, en su artículo 302, que los funcionarios serán remunerados por trabajos realizados, pero el proyecto 890 plantea todo lo contrario.
Además, afirmó, esa prerrogativa se convertiría en un privilegio, debido a que los que salgan electos como autoridades locales, pero vengan del sector privado, no podrán tener dicho beneficio.
Las manifestaciones populares que sacudieron al país istmeño en julio último y obligaron al Ejecutivo a sentarse en una mesa única de diálogo con las organizaciones sociales demandaron entre otros puntos ponerle fin al despilfarro de los fondos del Estado.
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