La norma que deberá sancionar o no el presidente de la República, Laurentino Cortizo, modifica la Ley de Descentralización para que representantes de corregimiento, alcaldes y sus suplentes puedan optar por el mejor sueldo entre el que recibían como funcionarios antes de ser elegidos y el que recibirán como autoridad de elección popular.
Vázquez señaló que “la posición nuestra es bien clara, como afirmara la Corte Suprema de Justicia, nadie puede cobrar por un trabajo que no realiza”, remarcó el también fundador de la coalición Vamos que promueve candidaturas por libre postulación hacia los comicios generales de 2024.
Además, explicó, la prerrogativa se convertiría en un privilegio, debido a que quienes salgan electos como autoridades locales, pero vengan del sector privado, no podrán tener dicho beneficio.
De otra parte, criticó duramente que los representantes de los gobiernos locales fueran a la Asamblea a pedir mayores salarios y no a abogar por las necesidades de sus comunidades.
Acerca de otra controversial norma que otorga incentivos fiscales a un pequeño grupo de consorcios para favorecer inversiones en el turismo, el diputado independiente dijo que hay rechazo incluso dentro de la misma industria.
En esta ocasión, aclaró, coincidimos con la postura del jefe de Estado que anticipó su inconformidad con el proyecto, pues entraña desembolsos que favorecen a unos pocos, sin resultados concretos en la industria.
Al respecto, el parlamentario instó a Cortizo a que actúe con firmeza, “ y que demuestre que no está hecho de leche condensada”, según su propia expresión, a la hora de vetar esas leyes que atentan contra la constitucionalidad del istmo.
En declaraciones al programa Radar del canal de noticias TVN, Vázquez también denunció la corrupción y el clientelismo al interior del Parlamento y sus vínculos con el gobernante Partido Revolucionario Democrático(PRD); aunque estimó, a preguntas de los panelistas, que en Panamá ya no se sabe quién manda.
Dijo que son evidentes las diferencias entre la bancada oficialista y el propio mandatario, además de los hilos que mueven algunos diputados con el PRD y otras organizaciones políticas para su conveniencia.
En medio de esas y otras arbitrariedades, agregó, transcurren las sesiones parlamentarias, y entre las más polémicas están las de recortes del presupuesto 2023 para instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Universidades, el Hospital Oncológico, o el Ministerio de Desarrollo Social.
Al respecto fue enfático al señalar que el Parlamento no es el responsable, sino el Consejo de Gabinete, el Gobierno, su Ministerio de Economía y Finanzas, allí donde en primera instancia se deciden los recursos, y la Asamblea apenas puede recomendar incrementos mediante Resolución para que el Ejecutivo apruebe o desestime.
lam/ga
