“No se puede permitir que LUMA imponga su propio (sindicato) patronal como condición de contratación a empresas puertorriqueñas para ejecutar servicios eléctricos pagados con fondos federales asignados a Puerto Rico”, expuso Yandia Pérez, vicepresidenta de los industriales.
El reclamo se hace en medio de la continuación de la crisis energética en que se encuentra sumido Puerto Rico, como parte del proceso de privatización del sistema eléctrico que en la mañana de este jueves dejó a 250 mil abonados sin servicio.
La directiva de la Asociación aseguró que las empresas locales, incluyendo contratistas y proveedores eléctricos, están listas para unirse de inmediato a las labores más urgentes, pero LUMA impone la firma de un acuerdo laboral mandatorio.
El Proyecto de Acuerdo Laboral (PLA, siglas en inglés) constituye un impedimento inaceptable y un requisito unilateral hacia las empresas locales.
Esto obliga a las compañías a imponerles a sus empleados que se afilien a un gremio internacional para que puedan ser contratados por LUMA.
Tal requisito improcedente obstaculiza la respuesta humanitaria de nuestros asociados y de todas las empresas locales que desean contribuir con su experiencia, capacidad y conocimiento, por lo que los contratistas deberían estar exentos del PLA.
Por eso, dijo, LUMA trajo a personas de Estados Unidos y no utiliza a estas empresas locales después de 19 días de crisis por el colapso del sistema eléctrico previo al paso del huracán Fiona.
Al oponerse las empresas al requisito del PLA, que denominan “un abuso de confianza contra los consumidores, la industria y el país”, parece alejarse la oportunidad de reconstruir con prontitud el sistema energético de Puerto Rico.
Esto, indicó la vicepresidenta Pérez, quebranta el desarrollo económico y ambiental de esta isla del Caribe, en momentos tan importantes para las familias, cuya mitad vive bajo niveles de pobreza.
“Es imperativo que estos contratistas estén exentos del PLA, que perjudica y limita de forma irrazonable la participación libre de contratistas y proveedores locales en las labores de reconstrucción del sistema eléctrico”, reclamó.
La empresaria consideró que el gobernador Pedro R. Pierluisi y las agencias locales y federales a cargo de la emergencia, en un gesto de solidaridad con las empresas y organizaciones puertorriqueñas, deben respaldar esta petición, para contar con mayores recursos en estas labores de restauración.
Afirmó que corresponde a las autoridades gubernamentales implementar las leyes y políticas públicas laborales en vigor, tanto locales como federales.
“No es aceptable que una empresa, cuya función proviene de un contrato con unas agencias públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, en instalaciones y propiedades del pueblo bajo custodia de esas agencias, imponga condiciones laborales patronales”, expresó.
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