El funcionario del Ministerio de Educación que ocupó el cargo hasta el 31 de enero pasado, admitió que robó al programa federal de Estados Unidos más de 213 mil dólares en contubernio con Javier Santiago-Rodríguez, su pareja consensual, y Star Enterprises, reveló la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, los acusados se ayudaron entre sí para robar, malversar y obtener mediante fraude 213 mil 201 dólares en propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Ministerio de Educación de Puerto Rico.
Pagán-La Luz se desempeñó como director del Programa de Educación Técnica, un componente responsable de administrar las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios de Educación.
Mientras convivía con Javier Santiago-Rodríguez, propietario y presidente de la demandada Star Enterprises, la corporación mantenía idéntica dirección física registrada a la residencial que compartía con Pagán-La Luz.
En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales locales, y en diciembre de 2019 el Departamento de Estado canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.
A diciembre de 2019, Star Enterprises no podía obtener legalmente contrato con el gobierno ni hacer negocios en Puerto Rico, pero a pesar de carecer de un certificado de elegibilidad e incorporación válido, Pagán-La Luz le autorizó pagos por un total de 213 mil 210 dólares por el trabajo que supuestamente realizó para el Ministerio de Educación.
En septiembre de 2020, Pagán-La Luz utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar 59 mil 999 dólares a Star Enterprises y Santiago-Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.
Está previsto que los acusados sean sentenciados el 22 de mayo a las 10:00, hora local, y enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de 250 mil dólares y una pena de libertad supervisada de tres años.
Un juez de un tribunal del distrito federal de Estados Unidos en Puerto Rico determinará cualquier sentencia, después de considerar las pautas y otros factores legales. npg/nrm
