Entre lunes y martes 16 privados de libertad perdieron la vida en el interior de la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, entre ellos Leandro Norero, alias El Patrón, considerado uno de los principales narcotraficantes del país, detenido por lavado de activos.
Luego, el miércoles, los disturbios comenzaron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde murieron 13 reclusos y resultaron lesionados 23 personas, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Ante los acontecimientos recientes en dos de las principales prisiones de la nación, la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación y en un comunicado hizo sugerencias a las autoridades en aras de garantizar la seguridad en los centros penales.
Otra de las problemáticas en torno a esos sucesos violentos ocurrió en las afueras de las cárceles, donde familiares exigían información sobre sus seres queridos y fueron agredidos por la Policía Nacional.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazó los ataques con caballos y gases lacrimógenos contra los parientes de los encarcelados, así como contra periodistas y activistas por los derechos humanos presentes en las inmediaciones de la institución penitenciaria.
En menos de dos años, las masacres carcelarias en Ecuador dejaron más de 400 personas privadas de la libertad asesinadas bajo custodia del Estado, aunque las autoridades aseguran que la causa son las disputas entre bandas delictivas.
Desde los centros de detención, pandillas como Los Chone Killers, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones dominan el tráfico de drogas en Ecuador, mientras los agentes del orden aseguran haber decomisado más de 150 toneladas de narcóticos en lo que va de año.
Independientemente del motivo, muchos ciudadanos culpan de las masacres al gobierno y en particular al presidente Guillermo Lasso por la falta de políticas contra la violencia y la inseguridad en el país.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó en entrevista al canal Ecuavisa que el ejecutivo necesita un poco más de tiempo para resolver la crisis de inseguridad porque se trata de lidiar con uno de los problemas más graves que ha tenido el país.
Jiménez y el titular del Interior estuvieron ausentes este jueves en el inicio de los trabajos de una mesa de trabajo sobre seguridad convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, cuyo propósito es ajustar la normativa vigente para responder a la ola de violencia.
Ecuador vive una carnicería: sicariatos en las calles, masacres en las cárceles y un femicidio en la propia Policía Nacional; no hay gobierno y lo más preocupante, no hay Estado, lamentó el abogado y profesor universitario Mauro Andino.
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