En un comunicado con la firma de 40 organizaciones nacionales e internacionales, estas pidieron, además, una investigación penal ante la prolongación indebida de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Al mismo tiempo, llamaron a la población a repudiar lo que consideran acciones ilegales de la CSJ.
Este 13 de octubre se cumplen ocho años del periodo de los magistrados a cargo de esta entidad y de la Corte de Apelaciones; sin embargo, hoy en un pleno extraordinario convocado a las 23:40 «hora local» extenderán una vez más su tiempo.
Según AxR, en ese lapso hundieron al sistema de justicia en una grave crisis de institucionalidad, sin contar los señalamientos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas con que fueron electos en 2014 y que sacaron a la luz las extintas Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
El texto denuncia que los graves vicios y anomalías en la negociación de los cargos se replicaron en el proceso 2019, como quedó documentado en su momento en el caso Comisiones Paralelas.
En una resolución del 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir Cortes con los candidatos que reunieran los requisitos de idoneidad, integridad y honradez.
Sin embargo, año tras año, se excluye el punto de la agenda legislativa o más recientemente se incorpora; sin embargo, aparece siempre al final cuando las inasistencias de las bancadas afines a no discutir el tema impiden su avance.
«El Congreso de la República se ha negado a cumplir con la elección, permitiendo la prolongación indebida de funciones de los actuales magistrados, con el objetivo de procurar impunidad para diputados, funcionarios y militares perseguidos por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad», advierte el comunicado de AxR.
Como ejemplo de la crisis del Organismo Judicial, mencionan la reciente reincorporación de Blanca Stalling a la CSJ, un «hecho sin duda ilegal, pues no podía ser reinstalada una Magistrada cuando ya había vencido su mandato de cinco años», puntualiza la nota.
Stalling estaba suspendida desde el 2017 por un proceso en el que se le acusa del supuesto delito de tráfico de influencias, pero reasumió sus funciones hace un mes, cuando su periodo de trabajo ya había concluido, denunciaron los firmantes.
Asimismo, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la nueva Relatora de Independencia Judicial que sigan con su labor de supervisión y monitoreo sobre los ataques y violaciones a la independencia judicial en Guatemala.
lam/mmc
