La acción apunta directamente a la represión de agentes del Estado contra el estallido social de 2019, que dejó un saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares debido al disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
Según los denunciantes, Micco se negó a reconocer estos hechos como crímenes de lesa humanidad y contrató de manera irregular a agentes externos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para elaborar un informe carente de objetividad.
El exdirector del INDH impidió que se incorporaran conceptos como la existencia de patrones represivos, sistematicidad de los ataques y violaciones masivas.
La querella contra Micco fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, entre otras organizaciones.
Todas las personas partícipes en la comisión de crímenes, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, deben comparecer ante la justicia, sobre todo quienes –teniendo la misión de proteger los derechos fundamentales- vulneran su mandato legal y tuercen su misión para favorecer a los victimarios, afirman los demandantes.
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