De acuerdo con la presidenta del organismo, Consuelo Contreras, en caso de materializarse la iniciativa, se podría generar una criminalización hacia las víctimas de trata y tráfico de personas.
Según estimados, hay aquí cerca de mil 500 mujeres en esa situación, incluidas niñas desde los 14 años, dijo Contreras.
El proyecto, impulsado principalmente por parlamentarios de derecha, ya fue aprobado por la Comisión de Seguridad de la cámara de diputados.
El texto establece penas de entre 61 y 540 días de presidio para quienes ingresen al territorio por pasos irregulares o por la vía regular con documentos falsos.
Organismos internacionales, en particular agencias de la ONU, expresaron sus reservas e inquietudes sobre la iniciativa.
No hay evidencia de que la criminalización o detención de migrantes en situación irregular sea eficaz para el control de los flujos migratorios, dijo Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Según Jarab, las políticas enfocadas en la detención de migrantes, en lugar de disuadirlos, los empujan hacia los canales más peligrosos y a caer en las manos del crimen organizado.
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