El TPP11 fue aprobado el pasado 11 de octubre en el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, a pesar del rechazo de unas 200 organizaciones sociales y sindicales del país.
Los votos en la cámara alta fueron en su mayoría de la derecha opositora y otros senadores del Socialismo Democrático; mientras que el bloque de izquierda integrado por el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social votaron en contra.
Con un mercado de casi 500 millones de personas, el tratado involucra a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Sus defensores aquí, sobre todo la derecha y los grandes empresarios, resaltan que abre las puertas sin aranceles a más de tres mil productos y generará ingresos anuales por mil 200 millones de dólares.
En cambio, sus detractores argumentan que atenta contra la soberanía nacional al permitir a las transnacionales demandar a un Estado, si a su juicio lesiona sus intereses.
Durante una intervención ante el senado, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recordó los riesgos que contiene el capítulo vinculado a la resolución de controversias de ese pacto.
Afirmó que una manera de evitar ese procedimiento es firmar las llamadas “cartas laterales” (side letters, en inglés) con los países miembros, en las cuales se exprese la voluntad de no aplicar dicha cláusula.
En una visita a la región de Antofagasta, el presidente Gabriel Boric defendió la rúbrica de las cartas laterales y anunció que ya se están realizando negociaciones importantes con países como México, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Tailandia.
El objetivo es buscar una solución a algo que genera discusión a nivel internacional y es que la resolución de los conflictos generados entre empresas y Estados no esté dada a mecanismos convencionales ad hoc, dijo.
El mandatario recordó que si bien votó en contra de ese tratado cuando era diputado, respetará profundamente las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática que se expresa en él, independientemente de que puedan o no gustarle sus decisiones.
Boric cuestionó a sectores de la oposición que condicionaron su apoyo a reformas importantes en trámite, como la tributaria o el proyecto de presupuesto para 2023, a la promulgación del TPP-11.
Unas 200 organizaciones sindicales, ambientalistas, territoriales, feministas, campesinas y de otros sectores rechazaron el tratado por las negativas consecuencias para la producción nacional, la soberanía, el desarrollo y la vulnerabilidad del Estado.
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