Antes de aproximarse a territorio nacional ya Julia dejaba daños considerables por una temporada lluviosa activa que tenía los suelos saturados en casi todos los departamentos.
El primer impacto fue en Puerto Barrios, Izabal, donde tres de sus cinco municipios sufrieron grandes inundaciones, y a pesar de que el Gobierno orientó tomar medidas, estas fueron muy tibias para evitar el desastre.
De inmediato, el lunes último, el presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Calamidad por un mes para atender con urgencia la catástrofe y un día después el Congreso lo aprobó en medio de cuestionamientos sobre si la ayuda llegará a los más necesitados.
La víspera, la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred,) elevó a 804 mil 815 la cifra preliminar de afectados y 18 mil 413 personas siguen en riesgo.
Hay 15 fallecidos de los departamentos Huehuetenango (ocho), Alta Verapaz (cinco) e Izabal y Suchitepéquez (uno cada uno); en tanto tres personas se reportan como desaparecidas.
En cuanto a infraestructura, 152 carreteras están afectadas y siete destruidas y en igual condición aparecen 14 puentes.
La Conred atendió en tres días mil 26 incidentes, relacionados con derrumbes, inundaciones y deslizamientos de tierra, y los departamentos con más daños son Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Zacapa y Suchitepéquez.
Aún sin reponerse de los daños, en las últimas horas el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), anunció que continuará la lluvia asociada al paso mañana de la onda del Este número 28.
Otro tema noticioso de impacto fue la revalidación en sus cargos de los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Sala de Apelaciones, una muestra de la crisis del sistema, denunció la plataforma Guatemala Visible.
En su comunicado , la organización expresó su preocupación por un tercer año más sin renovar autoridades judiciales por el Congreso, al que pidió acelerar su elección, prevista desde el 5 de mayo de 2020.
En el texto, recordó que el Legislativo inició con la votación de magistrados de Apelaciones el 23 de febrero de 2021, y únicamente lo hicieron por dos candidatos de la nómina de 270 que presentó la Comisión de Postulación.
En ese sentido, la organización ciudadana instó a los congresistas a continuar con el proceso interrumpido el 27 de abril del pasado año.
El 13 de octubre de 2019 finalizó el periodo de funciones de la CSJ (2014-2019), sin embargo, al no avanzar en su relevo, estos continuaron en el cargo y suman ya ocho años en el poder ilegalmente.
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