Según dijo a radio 1080 AM el director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, Aníbal Cabrera, “el nivel de indefensión en el cual se encuentran miles de niños en Paraguay tiene que ver con la no garantía de parte del Estado en promover acciones”.
En su opinión el principal problema es la violencia en general, pero en particular el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes está sumamente naturalizado, por lo que urge tomar medidas para hacer frente a este problema, remarcó.
Ejemplificó con lo que ocurre en el departamento de Caaguazú donde viven cerca de 206 mil infantes y adolescentes de entre 0 y 17 años, de los cuales más del 50 por ciento está en situación de pobreza y pobreza extrema.
“Estos hechos de abuso y violencia sexual ocurren en todo el país. El año pasado, teníamos tres mil 288 casos que ingresaron a Fiscalía de todo el territorio nacional”, agregó Cabrera.
Añadió que por la cultura machista existente en el país, muchas personas consideran que las mujeres deben experimentar relaciones sexuales a temprana edad y ser abusadas, pese a que existen normativas que las protegen.
Un reciente informe del Ministerio Público mostró que en los últimos cinco años se contabilizaron más de 16 mil casos de abuso sexual en infantes.
En ese quinquenio destacó el número de víctimas registradas en 2019, con tres mil 284, seguido del 2021 con dos mil 957 y el 2020 con dos mil 672.
Al respecto, los especialistas alertaron de que la disminución detectada en 2020 y 2021 no significa una reducción de casos, sino que se debe a la ausencia de las redes de apoyo que denuncian (maestros, parientes, círculos de amistades y agentes comunitarios), debido a las medidas de restricción y cuarentenas impuestas para enfrentar la Covid-19.
De acuerdo con la Fiscalía, las zonas recurrentes con más registros son Central, Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Cordillera.
Paraguay cuenta con leyes propicias para velar por la protección integral de los menores, sin embargo en la práctica no se ejecutan.
Ejemplo de ello es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconoce la importancia de la educación integral de la sexualidad, normativa que no corrió por buen cauce pues en 2011 las autoridades frenaron su implementación.
A esto se añadió otro obstáculo: en 2017 el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió la difusión y uso de materiales referentes a la teoría o ideología de género en instituciones educativas.
También está vigente la Ley No.6202 de 2018 dirigida a prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, pero la ruta para su ejecución no fue finalizada.
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