“Saludamos el compromiso de las organizaciones sociales, Pacto de Unidad y de la dirigencia de nuestro Instrumento Político MAS-IPSP, frente a los intentos de desestabilización que atentan contra la democracia, la economía y paz social. ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano!”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Estado, Luis Arce.
Realizado en Cochabamba, el encuentro en el que también participaron el vicemandatario, David Choquehuanca, y el líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Evo Morales, concluyó con la firma de un “Pronunciamiento”.
El documento establece el compromiso del enfrentamiento “de manera conjunta a cualquier intento de desestabilización de nuestra democracia, nuestro Proceso de Cambio y nuestro Gobierno.”
Ratifica el estado de emergencia permanente de las fuerzas participantes y el compromiso de establecer reuniones constantes hasta el retorno de la tranquilidad del pueblo boliviano.
Aclara que el próximo encuentro nacional de “emergencia” será el 24 de octubre en Santa Cruz.
El Pronunciamiento reitera la predisposición de los participantes en la reunión al diálogo para superar cualquier diferencia, con la premisa de que lo primero son los intereses del pueblo boliviano.
Los participantes ratifican su pleno respaldo al Gobierno encabezado por Arce y Choquehuanca.
Asimismo, expresan su “pleno apoyo moral y material al valeroso y trabajador pueblo cruceño, manifestando nuestro total respaldo al Gran Cabildo convocado para el 21 de octubre”.
Concluye el texto con la afirmación de que el pueblo cruceño merece vivir y trabajar en paz y tranquilidad.
La reunión tuvo lugar 48 horas antes del inicio de un paro por tiempo indefinido convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, encabezado por el gobernador, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Guillermo René Moreno, Vicente Cuéllar.
Ellos optaron por esa medida de fuerza y rehuyeron el diálogo en el que debían argumentar su propuesta de adelantar el Censo de Población y Viviendas ante expertos internacionales.
De acuerdo con las autoridades, estos actores políticos se “escudan” en el argumento de adelantar el ejercicio censal para 2023 cuando en realidad gestan un nuevo golpe de Estado, pues hasta la fecha no presentaron una “verdadera” propuesta técnica.
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