La petición, dirigida al mandatario puertorriqueño, surge después que en la víspera agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Vivienda federal allanaran las oficinas de la American Management & Administration Corporation, empresa propiedad de sus parientes, además del bufete de abogados de ambos.
“Una vez más, allegados y familiares del gobernador Pierluisi se ven involucrados en procesos investigativos a nivel federal”, expresó el secretario general del PPD, Luis Vega-Ramos.
El exdiputado recordó que hace unos meses su amigo desde la adolescencia y compañero de estudios Joey Fuentes fue condenado a prisión después que se declaró culpable por aportaciones ilegales a su campaña para la gobernación, por lo que rápido se distanció.
Antes, su primo Walter Pierluisi, cuyo bufete fue allanado este jueves, era el centro de la defensa y gestiones cuestionables en torno a una piscina ilegal y con permisos fatulos (fraudulentos) en Rincón (oeste), argumentó Vega-Ramos.
“En su campaña primarista de 2016, el entonces aspirante Pedro Pierluisi aseguró que nadie en su familia y allegados se beneficiaba de contrataciones con el gobierno; al día siguiente presentamos evidencia de cientos de millones de dólares en contratos activos”, dijo.
A juicio del político opositor, llegó el momento de que el gobernador Pierluisi rinda cuentas por los beneficios de los suyos, que divulgue hoy los negocios y contratos vigentes con el gobierno, además de los asuntos de cabildeo y similares pendientes que tienen Eduardo Pierluisi, el bufete de Walter Pierluisi y la compañía American Management.
Los parientes del mandatario puertorriqueño tienen contratos ascendentes a 9,4 millones de dólares, antes se ofreció una cifra menor, para la administración de complejos residenciales públicas, con fondos provenientes del Departamento de Vivienda federal.
El funcionario del PPD señaló que se mantendrán atentos a la investigación y que referiría a las autoridades cualquier información que levante como parte de su fiscalización institucional.
“El gobierno de Puerto Rico no puede ni tan siquiera aparentar ser empresa familiar o para allegados, por ello antes de distanciarse o refugiarse en tecnicismos legales”, apuntó Vega-Ramos.
El secretario general del PPD reclamó que, luego de los allanamientos, el gobernador Pierluisi debe proveer la información completa de los vínculos pasados y presentes que estos dos familiares, y sus empresas o bufetes, han tenido o tienen con el gobierno.
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