“Lo que está en marcha es un nuevo golpe de Estado, aunque la interrupción de la democracia asuma una forma distinta a la de noviembre de 2019, cuando una combinación de alzamiento civil y militar derrocó al expresidente Evo Morales”, afirma el semanario en su editorial.
Asegura la publicación que el pretexto del Censo de Población y Viviendas como mecanismo de desestabilización política quedó confirmada en la ruptura del diálogo la víspera ante las cámaras de la televisión nacional.
Según el rotativo, la intención de los golpistas es asignar al vicepresidente, David Choquehuanca, la tarea establecida por la Constitución de lanzar la inmediata convocatoria a elecciones generales.
Destaca el editorial el “extremado esfuerzo” del Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con el Comité Interinstitucional cruceño (Comité Cívico Pro Santa Cruz, Gobernación y Universidad Autónoma Gabriel René Moreno -Uagrm-) para evitar un paro que cuesta al departamento y al país 36 millones de dólares diarios.
Sin embargo, “sobre todo, el proyecto político que se esconde en la medida extrema, ha impedido que los bolivianos y las bolivianas empiecen con tranquilidad los últimos días del mes”, añade.
Recuerda el escrito que el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, planteó trabajar en una norma que anule del decreto 4760 del censo en 2024, para que un trabajo técnico defina la fecha.
Pero de inmediato Camacho puso freno y explicó que “desmenuzaría” lo que había dicho Cuéllar: “censo en 2023, como definió el cabildo” del 30 de septiembre.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que los sectores sociales también hicieron un cabildo el 21 de octubre y aprobaron su rechazo al paro y la defensa a su derecho al trabajo. “En ningún momento hemos buscado violencia, hemos buscado este escenario”, recordó en referencia al diálogo.
Más allá de las diferencias hubo coincidencias en que la fecha del censo debe ser resultado de un trabajo técnico, observó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Esta visión desagradó al parecer a Camacho, y desde ese momento ocurrieron una serie de recados verbales al oído entre Camacho, Cuéllar, el cívico Stello Cochamanidis, uno de los más radicales, y el abogado de la Uagrm José Luis Santiesteban, comentó el editorial respecto a lo que se vio en la televisión.
La posición cambió tras un receso en que Camacho y su equipo se reunieron en una sala externa al escenario de los debates a la espera del diseño de una propuesta en la línea de coincidencia: fecha del censo en función a un estudio técnico, pero al regreso, rompieron las negociaciones.
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