La jueza María Mercedes Argüello, titular del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, negó otorgar medidas sustitutivas a la detención y liberar a los exmilitares, general José Guillermo García, y al coronel de Infantería, Francisco Antonio Morán Reyes, detenidos por el asesinato durante el conflicto armado.
Ambos exmilitares son acusados del delito de asesinato, Morán como autor mediato y García en comisión por omisión, en perjuicio de Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Ter Laag y Joop Willemsesn en un hecho ocurrido en marzo de 1982.
La decisión de la magistrada de detener a los presuntos asesinos ocurrió este mes y según algunas fuentes pudiera ser el detonante para resolver incluso otros casos.
La acción de la abogada destapó reacciones en las filas castrenses y otros exmiembros de la institución armada solicitaron hace una semana la intervención del presidente Nayib Bukele tras la captura de los implicados luego de más de 40 años de impunidad.
El cuerpo de oficiales y generales en situación de retiro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) demandó al gobernante buscar una solución definitiva a “la persecución” que aseguran hay contra de militares acusados por crímenes cometidos en la guerra civil.
La Fundación Comunicándonos recientemente se pronunció al respecto y manifestó que ambos militares “son acusados por saber de la orden de asesinato y no haber actuado al respecto”.
Por lo pronto, los arrestados seguirán en prisión en espera de la extradición desde Estados Unidos del excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
El delito de asesinato tiene una pena de prisión de 15 a 20 años, según el Código Penal de 1973, sin embargo los abogados de la defensa solicitaron la excarcelación de los reos argumentando el cuadro clínico de enfermedades que padecen los implicados, el general García (88 años) y Morán (91 años).
Sin embargo, los familiares de cuatro periodistas de Países Bajos asesinados esperan romper el estado de impunidad mantenido por más de 40 años sobre el caso y otras matanzas de personas, que ahora preocupa a militares en retiro, participantes en los hechos.
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