De acuerdo con el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas, Campesina y Negras del Ecuador (Fenocin), Gary Espinoza, la acción está prevista para la primera quincena de noviembre en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
Sería algo preventivo para presionar al gobierno del presidente Guillermo Lasso a cumplir con los acuerdos que ellos mismos firmaron y también las promesas de campaña electoral, precisó Espinoza.
Además señaló que buscan la condonación de la deuda de la banca pública, la entrega de los kits agropecuarios, el subsidio de la urea y acciones contra la inseguridad en el campo y las ciudades.
El líder de la Fenocin rechazó la reciente desaparición de 55 mil quintales de arroz de la reserva alimentaria del país, un hecho en manos de la Fiscalía para investigar la presunta sustracción de bienes públicos.
“No podemos permitir que sigan robando, así como se roban el petróleo, se roban la minería y ahora nos roban el arroz”, sentenció Espinoza.
Este martes, representantes de la Fenocin, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), prevén volver a conversar con el Ejecutivo sobre el cronograma para implementar los acuerdos.
Hace 10 días la administración y los representantes de los pueblos originarios firmaron un acta donde quedaron plasmados los puntos consensuados y las divergencias entre las partes sobre diversos temas que motivaron las protestas del pasado junio.
Los avances logrados están concentrados en temáticas como salud, banca pública, educación intercultural bilingüe, medioambiente, explotación petrolera, agricultura, entre otros.
Sin embargo, otras demandas claves que motivaron las manifestaciones de hace tres meses quedaron pendientes, como el subsidio a los combustibles, sobre el cual solo sentaron las bases acerca de quiénes deberían beneficiarse.
Las 10 mesas técnicas entre el gobierno y las organizaciones indígenas fueron resultado del histórico paro de 18 días del pasado mes de junio y los representantes de los pueblos originarios advierten que habrá una reacción social si el Ejecutivo incumple.
lam/avr
