Los profesionales suscribieron una carta dirigida al Legislativo a nombre de la revista de análisis político El Periódico de Panamá, en la que llaman a los diputados a no cometer el mismo error de tratados anteriores, en lo que el istmo cedió la administración del Canal interoceánico a Estados Unidos.
Al igual que entonces, aseguraron los comunicadores, “hoy la patria está amenazada con la eventual aprobación de un contrato ley que avalaría las operaciones de una empresa transnacional que usufructúa nuestros recursos naturales arbitrariamente, al margen de cualquier amparo de derecho”.
Según los firmantes, FQM y su subsidiaria en el istmo han operado ilegalmente, debido a que el contrato de ley que le amparaba fue declarado inconstitucional desde 2017.
Denunciaron que el Ejecutivo anunció la negociación sin más detalles del proceso de redacción del convenio, que luego deberá remitir al Legislativo.
“Lo único que se sabe es que dicha empresa entregará sumas que rondan los 390 millones de dólares anuales, lo cual no es serio cuando se estima que la compañía tendrá utilidades anuales que podrían alcanzar los 300 mil millones de dólares”, indica la misiva que alerta sobre un posible asalto a la nación.
El mes pasado, también un editorial del Periódico de Panamá señaló que pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró hace cinco años inconstitucional un contrato con Minera Panamá, el Gobierno permite irregularidades de la compañía.
Ese dictamen de la CSJ anuló las posibilidades de operar y usufructuar recursos naturales como cobre oro y otros que pertenecen a la nación en la región caribeña de Colón.
En ese sentido, el medio digital denunció que la FQM debió suspender las operaciones y explotación de esos recursos, pero no lo hizo.
Al respecto señala que el Ejecutivo que precedió al actual, dilató la publicación del fallo en la Gaceta Oficial y ahora nadie actúa, y lo que es más grave aún, publicado el fallo, la empresa sigue operando.
En abril pasado, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería denunció violaciones de esa minera, con la tala indiscriminada de 876 hectáreas por encima de la superficie autorizada y que dejó de reforestar más de mil 300 hectáreas comprometidas de bosques .
Señalaron además la descarga de residuos a cuerpos de agua naturales sin el aval oficial, así como deudas con el Ministerio de Ambiente ascendentes a 11 millones de dólares.
La mina de Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con seis mil 700 millones de dólares y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
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