El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada en esa prisión, la mayor de toda la nación, que dejaron además seis heridos.
Esos incidentes ocurren en medio de los traslados de más de mil reclusos hacia centros penitenciarios de otras provincias, lo cual, según las autoridades, es el origen de los más de 18 atentados ocurridos entre martes y miércoles.
Tras la jornada violenta, en la que también perdieron la vida cinco uniformados, el presidente Guillermo Lasso decretó la víspera estado de excepción con toque de queda a partir de las 21:00 horas en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde tuvieron lugar la mayoría de los ataques.
Movimientos políticos y organizaciones indígenas de Ecuador cuestionaron la actuación del mandatario ante la ola violencia que pone en zozobra a toda la nación.
La bancada legislativa Unión por la Esperanza (UNES) exigió acciones “urgentes y contundentes” para frenar la inseguridad, advirtieron que los estados de excepción por sí solos no solucionan el problema y pidieron al gobernante activar los mecanismos constitucionales para enfrentar la conmoción interna.
En esa misma línea, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lamentó los graves hechos de violencia desmedida y criticaron la “indolencia, incapacidad e inacción” de la administración que ha conducido a un “Estado fallido”.
Expertos en la materia alegan que el alza de la delincuencia se debe, entre otros factores, a la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.
Hasta la fecha más de 400 reclusos han muerto en Ecuador desde finales de 2020, cuando comenzaron los motines en cárceles de toda esta nación andina.
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