El ejecutivo, liderado por el presidente Guillermo Lasso, insiste en que la responsabilidad de los delitos es de las bandas delictivas asociadas al narcotráfico que hicieron “una declaratoria de guerra contra el estado de derecho, el gobierno y los ciudadanos”,
Sin embargo, la población, políticos y expertos en la materia culpan a la administración por la escalada de inseguridad como consecuencia, entre otros factores, de la falta de inversiones sociales y políticas públicas.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana alertó sobre cómo la baja inversión social de los últimos años en sectores como educación, por ejemplo, contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo.
Es un círculo vicioso en el que muchos, en su mayoría jóvenes, acuden a las pandillas como forma de obtener ingresos para subsistir, lamentó el legislador.
Entre enero y agosto del presente año el Ministerio de Finanzas utilizó solamente 509 millones de dólares con fines sociales de los dos mil 800 millones presupuestados, o sea, apenas el 18 por ciento de lo calculado para ejecutar en todo 2022.
¡El país agoniza, se cae a pedazos!, expresó el también parlamentario de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, para quien el presidente debe buscar una estrategia adecuada de combate a la delincuencia.
En aras de solventar la crisis, el presidente Lasso declaró estado de excepción durante 45 días en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde desde la madrugada del martes tienen lugar una serie de atentados con explosivos.
En un mensaje a la nación, el mandatario determinó también el toque de queda en esos dos territorios a partir de las 21:00 (hora local) y anunció que desde la ciudad de Guayaquil liderará el puesto de mando unificado del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, medidas tomadas en otras ocasiones sin resultados efectivos.
En esas localidades las bandas delictivas no detienen los atentados con explosivos en gasolineras, unidades de policía, un hospital, asesinaron cinco agentes del orden y hasta secuestraron ocho agentes penitenciarios, liberados horas después.
La serie de sucesos violentos continuaron durante todo el martes y persisten esta madrugada con explosiones y disparos en universidades y centros de salud.
De enero a octubre de 2022 se registraron en Ecuador tres mil 538 asesinatos, un número que al ritmo actual podría llegar a más de cuatro mil en diciembre venidero, con lo cual el país concluirá el año con la cifra más alta de homicidios de las últimas tres décadas.
En Esmeraldas, que limita con Colombia y es parte de la ruta del tráfico de drogas, es donde la situación es más grave, al punto que este lunes amanecieron dos cadáveres colgados de un puente frente a un colegio.
Hasta el momento las autoridades no dan una explicación clara del origen de esta cruda realidad y tanto el mandatario como el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, se limitan a decir que esto ocurre porque “ahora se hace lo que no se hacía antes».
En medio de todo ese panorama crecen los llamados a la renuncia del presidente o, al menos, de avanzar en el proceso de revocatoria de mandato que solicitan colectivos sociales y ciudadanos, como el activista Renzo Troncoso.
Si un Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral totalmente corrompidos niegan la recolección de firmas para revocar el mandato de un farsante inepto como Lasso, serán corresponsables de la tragedia del país, apuntó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
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