El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores aboga por el reconocimiento al esfuerzo y contribución hecha a lo largo de años por miles de salvadoreños que bajo esa protección migratoria viven en la nación norteña.
Luego de críticas de diversos sectores por la demora en dar a conocer una posición, las autoridades locales se pronunciaron a favor de una solución permanente para las miles de familias y reiteraron la existencia de una responsabilidad compartida de las naciones en el ámbito migratorio.
El comunicado de la Cancillería señaló que los salvadoreños impulsaron la economía estadounidense a través del pago de impuestos, tasas y otras contribuciones especiales. Además, puntualizó, que el 95 por ciento de la población salvadoreña con TPS tiene empleo formal, el 53 paga una hipoteca y cerca del 10 por ciento son empresarios.
Recordó el comunicado que en enero de 2018, Washington anunció la terminación del TPS y estableció como fecha límite de su vigencia el 9 de septiembre de 2019, lo que motivo que el gobierno salvadoreño impulsara negociaciones con las cuales logró sus prórroga por 365 días si se produce una resolución judicial adversa contra los inmigrantes.
Según informes de organizaciones estadounidenses como el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) los beneficiarios del TPS procedentes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, cerca de 320 mil personas, aportan dos mil 300 millones en impuestos federales y mil 300 millones en impuestos estatales y locales cada año.
Otras estadísticas señalan que un tercio posee una hipoteca y de tener que abandonar territorio estadounidense tendrán un impacto notorio en el mercado de la vivienda en ese país.
En la actualidad la situación del TPS conocido como el caso Ramos vs. Mayorkas se ventila en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que decidirá su vigencia o su anulación.
La normativa ofrece permiso de trabajo para nacionales de seis países desde febrero de 2001 y su derogación representaría un duro golpe para sus beneficiarios,
El caso de los TPS tiene 14 demandantes contra el gobierno, los cuales luchan en las cortes desde hace tres años para evitar su deportación, algo que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022 en espera de una decisión judicial.
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