En un mensaje televisado, el mandatario señaló que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en cárceles y calles permitieron también incautar 300 toneladas de drogas y desarticular bandas narcodelictivas.
Mi principal preocupación es que ustedes puedan vivir y trabajar tranquilos, expresó el gobernante en su alocución desde el Puesto de Mando Unificado instalado en la ciudad de Guayaquil para monitorear el operativo.
Los más de 18 atentados que tuvieron lugar en las últimas horas ocurren en medio de los traslados de más de mil reclusos de la Penitenciaría del Litoral hacia otros centros penitenciarios, lo cual, según las autoridades, es el origen de los crímenes.
Tras la jornada de violencia, en la que perdieron la vida cinco uniformados, el presidente Lasso decretó estado de excepción con toque de queda a partir de las 21:00 horas en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde tuvieron lugar la mayoría de los ataques.
El jefe del ejecutivo convocó para mañana a una reunión del Consejo de Seguridad y del Estado (Cosepe) entidad integrada por el presidente y vicepresidente de la República, las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia.
Además, integran ese grupo los directivos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado y los titulares de los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional.
Movimientos políticos y organizaciones indígenas de Ecuador cuestionaron la actuación del gobierno, y en particular de Lasso, ante la ola violencia que pone en zozobra a toda la nación.
Expertos en la materia alegan que el alza de la delincuencia se debe, entre otros factores, a la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.
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