El texto legal tiene como objetivo armonizar los derechos e intereses del Estado, los usuarios de la tierra y los inversionistas; promover la comercialización de los derechos de uso de la tierra, y desarrollar un mercado inmobiliario transparente, sano, seguro y sostenible.
En discusiones previas, los parlamentarios se pronunciaron por diseñar un sistema de información del mercado de bienes raíces asociado a la información sobre terrenos, así como adoptar políticas destinadas a fomentar el desarrollo del mercado de derechos de uso de este vital recurso, en especial el arrendamiento de tierras agrícolas.
Según anticipó la agencia de noticias VNA, en la propia sesión de este jueves, y hasta el próximo sábado, los legisladores vietnamitas interpelarán a los ministros de Construcción; Interior; Información y Comunicación, y al inspector general del Gobierno.
La víspera, la Asamblea Nacional de Vietnam, cuyas deliberaciones se extenderán hasta el 15 de noviembre, discutió en grupos los proyectos de ley de Protección de los Derechos del Consumidor y de Transacciones Electrónicas, y conoció una propuesta y un informe de verificación sobre la Ley de Precios (revisada).
Con la Ley de Protección al Consumidor (modificada) se pretende institucionalizar los lineamientos del Partido Comunista y las políticas del Estado al respecto, y superar los obstáculos y limitaciones en la implementación de esta legislación durante los últimos 12 años.
El proyecto en discusión incluye siete capítulos y 80 artículos que establecen principios y políticas para proteger los intereses de los consumidores, sus derechos y obligaciones, las responsabilidades de las organizaciones comerciales y de los individuos hacia los consumidores; entre otros.
En cuanto al proyecto de Ley de Transacciones Electrónicas (modificada), estructurada en ocho capítulos y 57 artículos, igualmente busca eliminar las limitaciones de la norma vigente y solucionar los problemas actuales en su ejecución.
El cuarto período ordinario comenzó el 20 de octubre con una agenda que abarca el examen de las leyes de petróleo; prevención y lucha contra la violencia familiar, inspección, práctica de la democracia a nivel de base, radiofrecuencias, examen y tratamiento médico, y prevención y combate al lavado de dinero.
Asimismo, analizará otros borradores correspondientes a las legislaciones sobre la tierra, protección de los derechos de los consumidores, de licitaciones, de precios, de transacciones electrónicas, de cooperativas, y de la defensa civil.
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