Un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores subrayó que desde el mismo comienzo del examen preliminar y, especialmente, luego del inicio de la investigación en noviembre de 2021, la nación sudamericana aportó “amplia y suficiente información”.
Lo aportado, indicó, demostró cómo a través de las instituciones competentes, el país se encuentra “investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos”, a los fines de determinar la verdad y establecer, de ser el caso, las responsabilidades penales correspondientes.
Señaló que en abril de 2022 se solicitó al Fiscal de la CPI “inhibirse en el ejercicio de su competencia” en favor del sistema de justicia venezolano, conforme a lo previsto en el artículo 18.2 del Estatuto de Roma.
Al respecto, estimó considerar la primacía de la jurisdicción nacional y el carácter subsidiario y complementario del sistema jurisdiccional de la Corte.
El texto indicó que desde ese mismo momento, la investigación de la Fiscalía quedó y continúa suspendida en aplicación de las disposiciones del Estatuto.
La República Bolivariana de Venezuela lamentó que pese a toda la información suministrada y los fluidos intercambios sostenidos con la Fiscalía durante el año 2022, el fiscal Karim Ahmad Khan QC “mantenga una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela”.
Con esa posición, aseguró, se hace eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos.
El texto planteó que resulta “especialmente preocupante” que la solicitud del Fiscal de la CPI se fundamente básicamente en “fuentes secundarias carentes de toda credibilidad”, dada su marcada parcialidad y clara politización, en perjuicio de la rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia.
Venezuela, en ejercicio de las atribuciones legales correspondientes, acudirá ante la Sala de Cuestiones Preliminares para defender la verdad y demostrar la productiva labor de las autoridades nacionales en la investigación de todas las denuncias de delitos graves contra las personas, enunció.
Remarcó el comunicado que la República Bolivariana, como Estado Parte del Estatuto de Roma, “ratifica que continuará colaborando de buena fe” con la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, en fiel cumplimiento de sus compromisos internacionales.
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