En la semana el tema migratorio tuvo protagonismo en medios salvadoreños que destacaron una solicitud de la cancillería local al gobierno de Estados Unidos pidiendo encontrar una solución justa y con visión de futuro sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a miles inmigrantes en ese país.
Luego de críticas de diversos sectores por la demora en dar a conocer una posición, las autoridades locales se pronunciaron a favor de una solución permanente para miles de familias.
En la actualidad la situación del TPS conocido como el caso Ramos vs. Mayorkas se ventila en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que decidirá su vigencia o su anulación. La normativa ofrece permiso de trabajo para nacionales de seis países desde febrero de 2001 y su derogación representaría un duro golpe a sus beneficiarios,
Por otra parte, durante la semana se intensificaron las demandas de familiares y sectores sociales para que sean juzgados militares presuntos culpables de varias masacres ocurridas en el país en el siglño pasado, y aflore la verdad y la justicia.
El crimen en la década de los 80 de cuatro periodistas de Países Bajos y la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas cerca de mil personas, la mayoría niños, acapararon importantes espacios en medios políticos y sociales del país.
También en la semana acaparó espacios en el país el movimiento de sectores de la sociedad civil que impulsan acciones en rechazo a los planes del presidente Nayib Bukele de presentarse a la reelección.
El movimiento ya llegó a las bases populares, algo que parece aumentará con el transcurso del tiempo que resta hasta los comicios de febrero de 2024.
Grupos que adversan la decisión de Bukele, la Alianza El Salvador en Paz y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) informaron que aumentarán sus acciones para mostrar su descontento contra el anuncio del mandatario de buscar la reelección inmediata en los comicios.
Otro tema que mantiene protagonismo en la vida de los salvadoreños es el enfrentamiento contra las maras o pandillas. Según datos oficiales cerca de 57 mil de sus integrantes o presuntos colaboradores fueron encarcelados, y los homicidios cometidos por esos grupos mantienen una tendencia a la baja, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil.
Mientras analistas expresan criterios a favor y en contra del mantenimiento del estado de excepción.
Según la experta Tahnya Pastor el régimen de excepción es una medida constitucional efectiva para el combate de las maras y pandillas, criterios que propagandiza el gobierno para mantener su vigencia.
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