La acción de la policía federal estadounidense respondió a los 40 cargos emitidos el pasado 28 de octubre por un gran jurado imputando a los ocho implicados en conspiración para cometer fraude bancario, electrónico, de dispositivos de acceso, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero.
Mediante el esquema fraudulento emplearon tarjetas de débito de clientes en su mayoría ancianos del Banco Popular de Puerto Rico con relación a la compra y el cobro de giros postales.
Las autoridades federales especificaron que desde el 21 de octubre de 2021 hasta el presente, Ángel De La Rosa, alias Julio Zapata, y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los perjudicados alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas.
Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas bancarias, De La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números secretos de cajero automático.
Al obtener la posesión física de las tarjetas de débito, De La Rosa, con la ayuda y la complicidad de Raisa Raymundo-Vargas, también conocida como Oleidy; Adonis Márquez-Marte; Josué Figueroa-López, alias Pachin; Mirkin Espinosa-Salvador, alias José Mesa; Jan González-López; Nicole Figueroa-De Jesús; Edwin Peña-Valdez, también conocido como “Pajarito”, y otros comprarían giros postales en varias oficinas postales en Puerto Rico.
Los giros postales se negociaron con posterioridad en efectivo en las oficinas postales.
Los demandados De La Rosa y Márquez-Marte realizaron compras en efectivo de más de 40 mil dólares en joyas en varios lugares de Nueva York con ganancias fraudulentas de giros postales y operaron una joyería en la capital de Puerto Rico como medio de lavado producto del esquema, explicó el fiscal de Estados Unidos, W Stephen Muldrow.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes.
Las ganancias del esquema de fraude están sujetas a decomiso penal e incluyen un vehículo y aproximadamente 619 mil 344 dólares.
Un juez de un tribunal de distrito federal en Puerto Rico determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas establecidas y otros factores legales.
El agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan, Joseph González, explicó que las víctimas a menudo ocultan sus pérdidas, incluso cuando se dan cuenta de que están siendo estafadas, por vergüenza y miedo al ridículo.
“Este silencio es lo que les da a estos perpetradores una amplia oportunidad de obtener ganancias ilícitas”, dijo González.
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