La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y la cárcel El Inca, en Quito, registraron incidentes violentos que conllevaron a la muerte de cinco reos.
Pese al estado de excepción que rige en tres provincias del país (Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas) los incidentes violentos son recurrentes, según reportes de la prensa local.
La Asamblea Nacional (parlamento) aprobó una resolución que condena los atentados recientes y dio 30 días al gobierno para presentar una estrategia con acciones a corto, mediano y largo plazo para frenar la ola de violencia.
Una comitiva de Israel se reunió esta semana en Quito con representantes de la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas para asesorar la adquisición de equipos que permitan enfrentar de forma más contundente al crimen organizado, indicó el ministro del Interior, Juan Zapata.
El titular informó que mil 998 personas se encuentran detenidas como resultado de los operativos realizados, muchos de ellos menores de edad.
Por otro lado, analistas consideraron un triunfo contra el lawfare (judicialización de la política) la decisión de la Corte Nacional de Justicia de anular la sentencia por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas en el caso conocido como Singue.
Ese fallo abre varios escenarios para el político, quien se encuentra tras las rejas hace cinco años por supuestos delitos de asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho agravado en la causa Sobornos, por la cual también fue condenado el expresidente Rafael Correa.
Tras el fallo, la defensa de Glas pidió el acceso del acusado a la llamada prelibertad, fase en la cual podría desarrollar sus actividades fuera del centro penitenciario, aunque con requisitos y normas.
El exvicemandatario es considerado el símbolo más verídico del «lawfare» en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores de Correa, quien presidió el país en la llamada Década Ganada, obligó a muchos de ellos a exiliarse fuera del país.
En un seminario internacional realizado en Guayaquil este viernes, el jurista español Baltazar Garzón, señaló que toda la sociedad es afectada cuando el derecho y la justicia se aplican de manera inadecuada, como ocurrió contra los líderes de la Revolución Ciudadana.
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