En un mensaje compartido en Twitter este domingo, el mandatario asegura haber capturado a «los responsables de infundir miedo y atentar contra la paz».
El ministro del Interior, Juan Zapata, en un video que acompaña el texto del gobernante, afirma que dos mil 177 personas han sido detenidas por sus vínculos con los hechos delictivos y 28 bandas quedaron desarticuladas.
Asimismo, notificó el decomiso de más de dos mil gramos de drogas, 284 armas y cinco mil 400 municiones.
Esos operativos se desarrollaron a raíz de la declaratoria del estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas desde inicios de este mes y que se extenderá durante 45 días.
El gobierno adoptó esa decisión tras la serie de atentados con explosivos en esos territorios contra unidades de policías, centros de salud, gasolineras, entre otros objetivos, que cobraron la vida de al menos cinco uniformados.
Pese a las medidas adoptadas, continuaron los ataques e incidentes violentos tanto en las calles como en cárceles, fundamentalmente en la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, ubicada en Guayaquil, desde donde trasladaron más de dos mil reclusos hacia otros centros.
Esta es la quinta vez en año y medio de gobierno que el presidente Lasso acude a los estados de excepción, pero la violencia sigue subiendo, advierten expertos en materia de seguridad.
Hasta los primeros días de noviembre la tasa de homicidios en Ecuador era 20,59 por cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia, indican datos oficiales.
La mayoría de esas muertes violentas tienen lugar en siete provincias que son parte del corredor del tráfico de droga hacia el Pacífico, como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
El profesor de la Universidad Central de Ecuador, Jorge Vicente Paladines, señala que casi toda el área de la costa está tomada por organizaciones criminales que le disputan el monopolio de la fuerza al Estado.
A eso se suma la falta de inversiones tanto en áreas sociales (salud y educación) como para instituciones de seguridad, como la Policía Nacional y el sistema carcelario, alertan políticos y especialistas.
mem/avr
