Al comenzar noviembre hubo 18 atentados en 24 horas contra estaciones policiales, centros de salud y gasolineras que dejaron cinco uniformados muertos en las provincias de Guayas y Esmeraldas, en las cuales el gobierno decretó estado de excepción y toque de queda durante 45 días.
Sin embargo, los hechos delictivos no cesan, incluso se extendieron a Santo Domingo de los Tsáchilas, territorio que se sumó a las medidas excepcionales que incluyen toque de queda entre las 21:00 y 5:00 horas.
Esta es la quinta vez en 17 meses de gobierno que el presidente Guillermo Lasso acude al estado de excepción y la violencia sigue subiendo, advirtió el experto en temas de seguridad Fernando Carrión, quien sugirió cambiar el método para llegar a un resultado distinto.
Para el ejecutivo, los actos “terroristas” y los continuos enfrentamientos en centros penitenciarios—en los cuales han muerto 410 reos en dos años— son la respuesta de las bandas delincuenciales al traslado de reclusos y líderes de pandillas hacia diferentes prisiones.
En declaraciones a Orbe, Carrión explicó que en realidad el origen de la situación actual se dio en 2017, cuando eliminaron el Ministerio de Justicia, que manejaba las cárceles, y otras instituciones para fusionarlas en lo que se llamó Ministerio de Gobernación, lo cual conllevó a la reducción de presupuestos.
Un lustro atrás la tasa de homicidios era de 5,6 por 100 mil habitantes; cuatro años después, al concluir su mandato el presidente Lenín Moreno, esa cifra subió a 14,4, y ahora, con el gobierno de Lasso, la tendencia apunta a que 2022 concluya con una tasa de 21 o 22.
Ante semejante panorama, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exige a la administración presentar en 30 días una estrategia contra la inseguridad con acciones a corto, mediano y largo plazo.
En medio de las críticas al gobierno, desde el legislativo se habló de invocar la llamada “muerte cruzada”, mecanismo constitucional que podría conllevar a la destitución del presidente Lasso y llamar a elecciones anticipadas, pero finalmente ningún partido propuso el procedimiento.
El historiador Juan Paz y Miño señaló que los políticos solamente plantean “soluciones” en la superficie: libre porte de armas, leyes drásticas, uso directo de la fuerza, “no conciben el rol fundamental del Estado de hacer inversiones masivas a fin de mejorar las condiciones de vida, trabajo y seguridad”.
(Tomado del Semanario Orbe)
