La paralización de las cuentas, según el juez, es «necesario, adecuado y urgente, ante la posibilidad de utilización de recursos para la financiación de actos ilícitos y antidemocráticos».
Tal decisión, de acuerdo con el portal Metrópoles, se firmó el pasado sábado.
El país enfrentó recientes bloqueos de carreteras federales por parte de camioneros seguidores de Bolsonaro, insatisfechos con la victoria en urnas el 30 de octubre del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.
De Moraes también ordenó la recolección de declaraciones por la Policía Federal (PF), en un plazo de 10 días, de los posibles financiadores de los actos.
Para el magistrado, los manifestantes no respetan el derecho de reunión pacífica previsto en la Constitución y propagan «el incumplimiento y la falta de respeto al resultado de las elecciones». También, de acuerdo con el letrado, el desplazamiento «inauténtico y coordinado» de camiones a Brasilia para «ilícita reunión en los alrededores del Cuartel General del Ejército, con fines de ruptura del orden constitucional» puede configurar el crimen de Abolición Violenta del Estado Democrático de Derecho.
El ministro reforzó que la PF de Carreteras señaló que los empresarios estarían financiando los actos antidemocráticos proporcionando estructura completa con comidas, baños y puestos, por ejemplo.
Tal escenario, por lo tanto, «exige una reacción absolutamente proporcional del Estado, en el sentido de garantizar la preservación de los derechos y garantías fundamentales y alejar la posible influencia económica en la propagación de ideales y acciones antidemocráticas», agregó.
Según el juez, el ejercicio de huelga, de reuniones y marchas no puede herir otros derechos colectivos, y ponen «en peligro la armonía, la seguridad y la salud pública, como en la presente hipótesis».
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