La normativa recién aprobada y publicada en la Gaceta Oficial horas antes de la realización de un cabildo convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz dispone que el empadronamiento censal sea ejecutado en esa fecha por el Instituto Nacional de Estadística.
Agrega que el Gobierno Nacional sobre la base de resultados preliminares realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de 2024, como anunció Arce en un mensaje especial televisado en la madrugada del 12 de noviembre.
En el departamento cruceño, el gobernador, Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, mantienen un paro desde hace 27 días con la exigencia de adelantar el ejercicio censal para 2023 y que los recursos de coparticipación se distribuyan desde septiembre de 2024, como finalmente lo definió el Gobierno.
Al referirse al tema, el semanario de análisis político La Época opinó en su editorial que con el 23 de marzo el Gobierno adelantó en cuatro meses la realización del empadronamiento Nacional de Población y Vivienda respecto a su propuesta inicial de llevarlo a cabo entre junio y julio de 2024.
Según la publicación, “lo más importante es que la distribución de recursos se hará en septiembre de ese mismo año, lo que implica 10 meses menos en relación al planteamiento anterior”.
Por su parte, el analista político Hugo Siles, consideró en declaraciones al canal estatal Bolivia TV que este “golpe de mano” presidencial al denominado Comité Interinstitucional cruceño evidenció la división que existe entre las facciones que lo integran al ver satisfechas las demandas que planteaban.
“Hemos conseguido que el Censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre, proclamó el presidente del Comité Pro Santa Cruz en un video que constituyó la única intervención en el cabildo.
De esta forma reflejó la aceptación de la propuesta gubernamental y provocó que los integrantes de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, seguidores del radical Camacho, lo criticaran como “traidor” y “vendido” y se dirigieran a protestar frente a su residencia.
Siles indicó que esta situación y nuevas demandas presentadas en el foro público no vinculante, obedecen a que quienes convocaron al paro no encuentran como salir de esta medida de fuerza sin reconocer la derrota, y por eso estimulan la continuidad de la violencia.
Figuran entre las exigencias incorporadas en el cabildo una alusión a la posible federalización de Santa Cruz y la exigencia de la liberación en menos de 72 horas de todos los aprehendidos en la comisión de hechos delictivos durante los cercos, saqueos e incendios de inmuebles de organizaciones sociales.
Respecto a estos requerimientos, el ministro boliviano de Salud, Jeyson Auza, consideró en referencia a Camacho y Calvo que en el departamento cruceño existen liderazgos con “ideologías racistas y secesionistas” que buscan convulsionar el país, convocando infructuosamente a los demás departamentos a sumarse a sus medidas de presión.
Dentro del Comité Interinstitucional, en tanto, el anuncio de “una lista de traidores” y la amenaza de declarar “persona no grata” en Santa Cruz a quienes no apoyen la propuesta de “censo 2023 sí o sí” evidenció su división y mantuvo el ambiente de tensión en Bolivia.
La advertencia fue formulada en una conferencia de prensa por el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, sin la presencia de Cuéllar.
Vargas leyó la amenazadora resolución del denominado comité de movilizaciones, por lo cual el analista político del espacio televisivo Bien de Tarde, Pedro González, consideró que prepara un “golpe de Estado” universitario contra su superior.
El vicerrector también convocó a una “marcha de marchas” para este viernes, donde según informó el partidario de los sectores más extremistas cruceños, “comunicaremos con nombre y apellido a aquellos que están traicionando a Santa Cruz y la universidad”.
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