Desde 2018 era urgente develar las distintas formas que utilizan los grupos delincuenciales para burlar las barreras portuarias e introducir, y también conducir hacia otros continentes, enormes cantidades de drogas a través de instalaciones chilenas, asegura el texto.
Se trata del VII Informe del Observatorio sobre el Narcotráfico del Ministerio Público, un grupo especializado que da seguimiento a la situación nacional e internacional derivada de las acciones de los carteles dedicados al trasiego de estupefacientes. La anterior edición del documento advirtió sobre una acelerada transformación de estas bandas en Chile, así como del peligro de la instalación aquí de las principales organizaciones criminales del continente americano.
Entre ellos fueron identificados los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, el grupo colombiano Clan del Golfo y del recientemente conocido Tren de Aragua, de origen venezolano.
Además, hay indicios de crecientes operaciones de lavado de dinero, como lo indican las incautaciones de efectivo a grandes, medianos y pequeños grupos, que subieron de 1,8 millones de dólares a 5,8 millones.
Durante la pandemia de Covid-19, señala la investigación, se incrementó el comercio al por menor de drogas mediante las redes sociales y la entrega rápida de dosis a los consumidores.
De acuerdo con el Observatorio, hay también una ofensiva del crimen organizado a nivel regional como lo demuestran los asesinatos a partir de mayo de este año de los fiscales Marcelo Pecci, de Paraguay, los ecuatorianos Luz Marina Delgado y Federico Estrella, y la hondureña Karen Almendares.
Al margen del documento, hace pocas horas fueron descubiertas en la terminal de contenedores de Arica, en el norte chileno, unas 690 toneladas de precursores químicos que habrían servido para producir al menos 60 mil kilogramos de cocaína.
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