La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, confirmó que la próxima semana convocarán oficialmente a la ciudadanía a ese proceso que se realizará conjuntamente con las elecciones seccionales el 5 de febrero de 2023.
La consulta impulsada por el mandatario contiene ocho preguntas sobre asuntos como medio ambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y conformación de la Asamblea Nacional (parlamento) y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
De acuerdo con Atamaint, incluir esas cuestiones en los comicios de febrero venidero costará 20 millones de dólares adicionales.
Sin embargo, lo más cuestionado no es el presupuesto, sino su legitimidad, su contenido y su utilidad.
Una de las preguntas, por ejemplo, indaga sobre la posibilidad de extraditar a ecuatorianos solicitados por otros países por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, algo que en otras naciones no ha dado resultado, según advierten analistas.
Otra de las cuestiones que se someterá al voto popular es la reducción de asambleístas, que para algunos es una pregunta gancho y podría convertir al legislativo en un ente elitista y en la práctica no haría la diferencia.
El abogado Luis Fernando Molina indicó en una entrevista a Radio Pichincha que la consulta servirá como medidor de aprobación o desaprobación del Gobierno, como lo demuestra la larga historia republicana de Ecuador.
Cuando el gobierno de Rafael Correa convocaba a procesos similares lo criticaban y llamaban “democracia plebiscitaria” y resulta que ahora intentan mediante ese mismo mecanismo legitimar un gobierno cuya aprobación ronda el 10 por ciento, manifestó Molina.
Para el jurista, algunas de las preguntas propuestas por el Ejecutivo inducen al electorado a votar de forma favorable y eso la Corte Constitucional lo pasó por alto.
Por su parte, el periodista Alexis Moncayo denunció que medios de comunicación y cuentas en redes sociales realizan una campaña anticipada por el sí, incluso con mensajes pagados sin saber quién administra esos perfiles ni de dónde salen los recursos.
Pese a que el referendo no conduzca a cambios trascendentales ni estructurales, busca darle al Gobierno algo de oxígeno en un escenario de alta impopularidad.
Es una cortina de humo para desviar la atención de los problemas que tiene el país con preguntas que suenan agradables para muchos sectores, declaró Cristian Carpio, analista y docente de la Universidad de las Américas citado por el diario El Universo.
En las calles muchos ecuatorianos ni siquiera entienden a profundidad de qué tratan los cuestionamientos sobre los que deberán votar, pues están concentrados en sus dilemas cotidianos falta de empleo, pobreza, migración, violencia, temas no tratados en la iniciativa gubernamental.
Por eso tal parece una consulta popular hecha para resolver los problemas del presidente Lasso y no los de los ciudadanos.
mem/avr
