Un comunicado del gobierno de Ecuador precisa que más adelante dará a conocer a Buenos Aires y a la opinión pública su determinación respecto a ese caso, y tomarán en cuenta “los principios de la legislación nacional, el derecho internacional, y las convenciones aplicables a la materia”.
Duarte se encuentra desde hace dos años junto a su hijo, de nacionalidad argentina, en la embajada de ese país en Quito en calidad de «huésped por razones humanitarias».
Allí solicitó asilo político tras la persecución que el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), apoyado por el poder judicial, impulsó contra los seguidores de Correa.
La exministra de Transporte y Obras Públicas fue sentenciada a ocho años de privación de libertad como parte del caso Sobornos, misma causa por la cual resultó condenado el exmandatario líder de la Revolución Ciudadana.
El gobierno ecuatoriano dejó claro el pasado sábado su inconformidad con la decisión de Buenos Aires al aclarar que «las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de concederlo a personas condenadas por delitos comunes”.
No obstante, desde Quito no han definido si le otorgarán o no un salvoconducto que le permita salir de la embajada para viajar a Argentina sin correr el riesgo de ser detenida.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos mostraron preocupación por la situación de Duarte y su hijo menor y abogaron por que el presidente argentino, Alberto Fernández, concediera el asilo, fundamentado en la convención sobre el tema de la cual tanto Ecuador como Argentina son suscriptores.
oda/avr
